- El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que incluye medidas como la garantía de suministro a consumidores vulnerables o mejoras en el bono social.
- La iniciativa coincide con la conmemoración de la Semana Europea contra la Pobreza Energética. La fecha pone el foco en una problemática que ha alcanzado cifras récord en nuestro país en los últimos años.
- En España, 7,8 millones de personas no pueden mantener su hogar a una temperatura apropiada en invierno, cifra que se ha duplicado desde 2019.
En España, la pobreza energética constituye un problema estructural que ha alcanzado récords de impacto en los últimos años. Según el Avance de Resultados del XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN España, en 2025, 7,8 millones de personas no pudieron mantener su hogar a una temperatura apropiada en invierno (15,9 %). A esta cifra se suman quienes tiene retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua o el gas: 4,5 millones (9,3 %).
Fuente: Elaborado por EAPN-ES a partir de datos de la ECV y la EPF (INE).
Estos indicadores de pobreza energética han mostrado una mejora respecto a 2024, pero el incremento de esta problemática ha sido muy preocupante desde el año 2019, antes de la pandemia por COVID-19 y de la crisis energética e inflacionaria derivadas en parte por la guerra de Ucrania.
Según datos del Avance del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza, desde 2019 se ha duplicado la cifra de personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno: de un 7,6 % ha pasado a ser un 15,9 % (creció un 110 %). Además, las personas con retrasos en el pago de suministros como la luz, el gas o el agua ha aumentado un 40,4 %: pasó de ser un 6,6 % en 2019 a un 9,3 % en 2025.
En este contexto, y coincidiendo con la conmemoración de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de ministros de este 17 febrero, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030. Se trata de una iniciativa imprescindible para poner el foco en esta problemática y en cuya elaboración ha intervenido EAPN-ES a través de sus grupos de participación, con aportaciones de personas con experiencia directa en situaciones de pobreza energética.
La Estrategia incluye trece medidas estructurales basadas en la equidad energética para el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, con el objetivo de consolidar los avances alcanzados por la anterior ENPE 2019-2024, la primera elaborada en España.
Entre las principales medidas destacan las enfocadas a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, mejorar la tasa de cobertura del bono social, o iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de hogares vulnerables. A su vez, se plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita.
EAPN-ES celebra la aprobación de la nueva Estrategia, un paso imprescindible dado el impacto de la pobreza energética en nuestro país. En este sentido, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa señala que “la pobreza energética es parte de la pobreza en las familias”, por lo que apela a “una visión global” para afrontar esta problemática. “El objetivo es garantizar los derechos de las personas y una buena calidad de vida a toda la ciudadanía”, añade Susías, y recuerda la necesidad de “dotar de recursos a la Estrategia para que salga adelante”.
De cara a los próximos pasos, el presidente de EAPN-ES recuerda algunas de las cuestiones planteadas desde la Red en las consultas públicas previas, como la importancia de “trabajar de forma conjunta con las Comunidades Autónomas” para una implementación real de la Estrategia, o la incorporación de propuestas que se han quedado fuera, entre ellas la mejora de la automatización del bono social. Se trata de una medida estructural clave ―defendida por el personal técnico y personas expertas en pobreza―, para afrontar el llamado non take-up o brecha de cobertura en esta ayuda, que dificulta el acceso al bono de manera efectiva a los hogares más vulnerables.
La Estrategia incorpora también la creación de un Observatorio de la pobreza energética con el objetivo de “centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia”, según señalan desde el Gobierno, y que abre ahora una consulta pública para detallar contenidos, actividades y entidades colaboradoras. EAPN-ES considera esta propuesta de relevancia, ya que permitirá incorporar la evaluación y aportaciones de las entidades que trabajan en la erradicación de la pobreza energética y los conocimientos de las personas con experiencia en esta problemática.
ESCUDO SOCIAL TAMBIÉN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
La aprobación de la Estrategia llega también en pleno debate abierto por el rechazo del Real Decreto-ley ‘ómnibus’ el pasado 27 de enero en el Congreso. Una iniciativa que prorrogaba medidas del llamado Escudo Social. Entre ellas la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, la extensión a todo 2026 de los descuentos del bono social energético y la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica para consumidores/as en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, y frente a la nueva votación del decreto prevista para la próxima semana, desde EAPN-ES apelan a todas las fuerzas parlamentarias a tener “altura de miras” e instan no solo a aprobar este decreto, también a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, paralizado actualmente en la Cámara Baja.
QUÉ ENTENDEMOS POR POBREZA ENERGÉTICA
Actualmente, el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV) marca cuatro indicadores para medir esta problemática, y se considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si cumple uno de ellos:
- Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.
- Pobreza energética escondida (HEP): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
- Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
- Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda.
Cabe señalar, en el marco de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, que esta problemática está también muy presente en otros países de la UE. En 2024, el 9,2 % de la población comunitaria no podía permitirse mantener adecuadamente la temperatura de sus hogares, según Eurostat. Pese a que el porcentaje ha mejorado respecto al año anterior (ha bajado del 10,6 %), la pobreza energética divide en dos realidades muy diferentes a los países de la UE, con una horquilla que va desde tasas muy elevadas -con Bulgaria y Grecia (ambos 19,0%) a la cabeza, seguidos de Lituania (18,0%) -, a otros muy reducidas, respecto a los anteriores: Finlandia (2,7%), Polonia y Eslovenia (ambos 3,3%), que registraron los porcentajes más bajos.
POBREZA ENERGÉTICA Y CRISIS ECOSOCIAL
La pobreza en todas sus vertientes, también la energética, está estrechamente relacionada con la crisis ecosocial, y se refuerzan mutuamente, lo que urge a abordar la transición ecológica desde una perspectiva de vulnerabilidad social, que sea implementada de manera justa y equitativa para prevenir y disminuir las tasas de pobreza y de exclusión social.
Los hogares en situación de pobreza y exclusión social suelen sufrir una mayor ineficiencia energética, debido a un déficit en el aislamiento, problemas de infravivienda e insalubridad, y uso de instalaciones y electrodomésticos poco eficientes. Esto se traduce en un incremento de las personas pobres con dificultades para tener una temperatura adecuada en su vivienda tanto en invierno como en los meses de verano.
En este contexto, EAPN-ES ha impulsado diferentes iniciativas para promover una transición socialmente justa, integrando propuestas contra las vulnerabilidades sociales dentro de las políticas europeas de descarbonización que nuestro país tiene comprometidas con la UE, a través del proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’.
Entre ellas, además de la mencionada ENPE 2026–2030, se encuentra la transposición socialmente justa de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios (EPBD) así como el Plan Social para el Clima (PSC), una herramienta normativa prevista para minimizar el impacto que la inclusión de los edificios en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (conocido como ETS2) supondrá en el incremento de los precios del combustible para la calefacción a partir de 2028 y cuya elaboración, sin embargo, se encuentra actualmente retrasada por parte del Gobierno.
Desde la Red, reiteran que la transición energética y climática debe situar en el centro la igualdad de derechos, la protección social y la dignidad de las personas, evitando que las políticas energéticas o climáticas agraven las desigualdades existentes y asegurando que todos los hogares puedan ejercer plenamente su derecho a la energía, la vivienda y la salud.