• El Congreso de los Diputados acogió el 13 de abril un espacio de debate sobre el futuro del Plan Social para el Clima, centrado en cómo garantizar una transición ecológica justa que tenga en cuenta a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
• En la jornada, EAPN España participó aportando la perspectiva de la sociedad civil sobre la necesidad de orientar las políticas climáticas hacia la reducción de las desigualdades sociales.
El lunes 13 de abril, el Congreso de los Diputados acogió el evento ‘Propuestas para un Plan Social para el Clima que ayude eficazmente a los hogares en pobreza energética, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables’, un espacio de diálogo centrado en el impacto social de la transición ecológica y en la necesidad de garantizar una transición justa que no deje a nadie atrás.
En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN España), como entidad miembro de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, de la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás y del Grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte, participó activamente en la jornada.
El evento tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las políticas y medidas que debería incorporar el Plan Social para el Clima para dar respuesta efectiva a las necesidades de los colectivos más vulnerables.
EL RETO DE UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA
Desde EAPN España se insistió en que el Plan Social para el Clima representa una oportunidad clave para avanzar hacia una transición ecosocial justa, siempre que incorpore de forma central la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y garantice que las políticas climáticas no dejen a nadie atrás.
En este sentido, se subrayó la importancia de avanzar de manera urgente en su aprobación, actualmente en fase de elaboración, para proteger a los hogares vulnerables ante el impacto del aumento del coste de los combustibles fósiles derivado de la descarbonización de sectores como la edificación y el transporte por carretera.
LA IMPORTANCIA DE ORIENTAR LOS FONDOS HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
En este marco, Elena Gil Bartolomé, secretaria de la Comisión Permanente de EAPN España, intervino en la mesa redonda ‘¿Cómo garantizar el uso justo y eficiente del dinero del Fondo Social para el Clima?’, junto a Patricia Bezunartea, directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Víctor Marcos, Director General de Planificación y Coordinación Energética del MITECO, Manuel Riera, coordinador técnico del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Cristian Quílez, responsable de transporte y movilidad de ECODES y coordinador del grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte.
En su intervención, Elena, defendió la necesidad de asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad. “En primer lugar, y aunque pueda parecer una obviedad, es necesario que peleemos mucho para que efectivamente el dinero de estos fondos se dirija a las personas y familias vulnerables que van a sufrir con mayor gravedad el impacto económico del ETS2”, señaló.
En esta línea, advirtió de que el desvío de estos fondos hacia hogares o empresas no vulnerables supondría no solo un incumplimiento de los objetivos europeos, sino también una pérdida de legitimidad en la transición ecosocial.
Asimismo, recordó que la pobreza energética continúa siendo un problema estructural en España que se ha agravado en los últimos años. Según el Avance de Resultados del XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, en 2025, 7,8 millones de personas no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno (15,9 %). Son más aquellas que no pudieron mantenerla fresca en verano, un número que se va aumentando conforme suben las temperaturas año tras año.
Estas dificultades afectan a muchas familias desde hace décadas, pero las crisis energéticas recientes han intensificado el problema, situándolo en la agenda pública y dando lugar a la aprobación de la primera Estrategia contra la Pobreza Energética en 2019.
VIVIENDA Y ACCESO A LAS AYUDAS
Desde la Red se advierte de que la pobreza energética no es solo una cuestión de costes energéticos, sino una vulneración de derechos humanos fundamentales como el derecho a una vivienda digna y adecuada, el derecho a la protección a la salud y a la alimentación.
Aunque España cuenta con instrumentos como el bono social eléctrico, estos no alcanzan de forma efectiva a los hogares en situación de mayor exclusión, se produce el llamado Non take-up. Por ello, desde la Red demandamos que si queremos garantizar un uso justo y eficiente del dinero del Fondo Social para el Clima, incluyamos en el Plan Social para el Clima la ampliación del alcance y la automatización del bono social eléctrico.
Asimismo, los criterios actuales de acceso a las ayudas relativas a rehabilitación de viviendas, que se plantean incluir en el Plan Social para el Clima para la mejora de la eficiencia energética de los hogares vulnerables, dejan fuera a una parte significativa de estos hogares debido a la complejidad administrativa y a la necesidad de adelantar costes, lo que sigue actuando como una importante barrera de acceso a estas ayudas.
En esta línea, a partir del análisis realizado por nuestra Red de los módulos sobre salud, energía y medio ambiente de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística a principios de abril, se constata que cuatro de cada diez hogares con menores ingresos necesitan reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda, lo que evidencia la magnitud del reto en materia de rehabilitación y acceso a ayudas.
“Los altos precios de la energía han afectado a todos los hogares, pero la diferencia es que para millones de personas esta situación va mucho más allá de una cuestión de ahorro: se trata de una vulneración de derechos. En primer lugar, del derecho a una vivienda digna. No puede haber vivienda digna cuando se pasa frío en ella o calor extremo, con el correspondiente impacto en la salud física y mental”, ha explicado Elena Gil en su intervención.
En este sentido, desde la Red se defiende la necesidad de simplificar los procedimientos, automatizar las ayudas y reforzar la información a nivel local para garantizar que las políticas lleguen realmente a quienes más las necesitan.
POBREZA DE TRANSPORTE Y ACCESO A DERECHOS
Los datos sobre energía y movilidad recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) permiten analizar también la denominada pobreza de transporte. Esta problemática, recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, se refiere a la dificultad o imposibilidad de asumir los costes del transporte público o privado, o al acceso limitado a medios de transporte que permitan acceder a servicios y actividades socioeconómicas esenciales para una buena calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto social y territorial.
Según distintos estudios de ECODES y el BC3 (Basque Centre for Climate Change), en España entre 350.000 y 550.000 hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad severa en relación con el transporte, lo que equivale a entre 1,3 y 1,8 millones de personas. Además, alrededor de 2 millones de hogares destinan una parte excesiva de sus ingresos a los costes de movilidad.
Desde EAPN España se señaló que, aunque se han aplicado medidas puntuales como bonificaciones al transporte, estas han sido temporales y aún está pendiente el desarrollo de una estrategia estatal específica. El acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de derechos como el empleo, la educación o los cuidados, por lo que su encarecimiento puede incrementar la exclusión social.
UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL
El Plan Social para el Clima se identifica como una herramienta imprescindible para garantizar una transición ecológica justa, evitando que el aumento de los costes asociados a la descarbonización afecte de forma desproporcionada a los hogares más vulnerables.
En este sentido, desde EAPN España se destacó que su correcta implementación representa una oportunidad para avanzar hacia una transición ecosocial que mejore las condiciones de vida del conjunto de la población, siempre que sitúe la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el centro de las políticas climáticas.