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Plan de Acción para garantizar que el nivel de ingresos, la edad, el género o el lugar de residencia no sean barreras para la movilidad sostenible

por Noticias

• Organizaciones de la sociedad civil y personas expertas del ámbito académico presentan un informe con 31 propuestas para la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza en el Transporte
• El plan apuesta por ampliar el Abono Único hacia un billete social y climático y lograr una garantía de movilidad con estándares mínimos vinculantes de frecuencia, cobertura y horarios
• Las organizaciones piden que se vincule la ley de la planificación urbanística con la del transporte público

Coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, el Grupo de Especialistas sobre Vulnerabilidades y Pobreza en Transporte, presenta hoy el Informe Hacia la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza en Transporte, un paquete de aportaciones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el diseño del Plan de Acción de la futura Estrategia Estatal contra la Pobreza en Transporte. La publicación coincide con el enfoque de la edición de este año, “Movilidad para todas las personas”, que sitúa la equidad social y el acceso universal al transporte en el centro de la agenda política.

La falta de alternativas de transporte limita el ejercicio de derechos fundamentales como el trabajo, la sanidad, la educación o los cuidados y afecta en España a entre 1,8 y 6,9 millones de personas, como muestra el informe. Actualmente, un 26,3% de la población carece de un servicio público de transporte que sea útil, una cifra que escala hasta el 53,3% en el medio rural. Esta brecha de disponibilidad, ocho veces superior a la urbana, aboca a una de cada diez personas a la «propiedad forzosa» del vehículo privado. A esto se suma el impacto de la crisis de la vivienda, que desplaza a las familias vulnerables hacia coronas periurbanas mal conectadas donde 2,9 millones de personas sufren la doble vulnerabilidad de bajos ingresos y altos costes de transporte.

Para transformar este diagnóstico en soluciones reales sobre el territorio, el documento sintetiza los resultados de un taller participativo celebrado el 5 de mayo de 2026 en la Universidad Pontificia Comillas. En el encuentro, 36 especialistas procedentes de la administración pública, la universidad, ONG sociales y ambientales, sindicatos, organizaciones de consumidores y el sector empresarial consensuaron 31 medidas prioritarias. Una batería de soluciones que nutran la futura Estrategia Estatal coincidiendo con la fase concluida de diagnóstico impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y cuando se espera que comience la fase de diseño de las medidas concretas. 

“No podemos permitirnos una Estrategia llena de buenas intenciones pero vacía de soluciones reales. Detrás de los datos de pobreza en transporte hay personas reales: familias ahogadas por el gasto en combustible, jóvenes que pierden oportunidades laborales o mujeres condicionadas por un autobús que solo pasa dos veces al día. Para garantizar el derecho a la movilidad sostenible, exigimos que cada propuesta nazca con un responsable claro, financiación garantizada e indicadores concretos de evaluación», señalan desde el grupo.

CLAVES DEL DOCUMENTO 

  1. Vinculación por ley de la planificación urbanística a la del transporte público, de modo que las nuevas promociones residenciales y polígonos industriales cuenten con oferta de transporte público garantizada desde su inicio. Asimismo, plantean reducir la necesidad de desplazamientos acercando los servicios esenciales -sanidad, educación, empleo- a distancias y tiempos razonables mediante centros de proximidad en áreas rurales y barrios periféricos y la prestación descentralizada de servicios.
  2. Ampliar el Abono Único hacia un billete social y climático, un sistema de tarificación progresiva, bonificado o gratuito para hogares vulnerables, aplicable en toda la red pública y en el transporte a demanda en las zonas donde así sea necesario por la falta de alternativas., así como ampliar e incluir en el Abono Único todos los sistemas de transporte público locales, regionales y estatales.
  3. Establecer una garantía de movilidad con estándares mínimos vinculantes de frecuencia, cobertura y horarios por tipo de territorio, incluyendo Obligaciones de Servicio Público (OSP). Esta medida se complementa con el despliegue de transporte a la demanda integrado (y de movilidad compartida) con la red regular en zonas rurales, periurbanas y horarios nocturnos, apoyado en flotas públicas ya existentes (escolares, sanitarias, sociales) y en la colaboración con cooperativas y comunidades energéticas locales, complementadas con programas de leasing social de vehículos 100% eléctricos para rentas bajas.
  4. Blindar la accesibilidad universal mediante un Fondo Estatal en municipios de menos de 50.000 habitantes y la obligación legal de mantener canales analógicos de atención presencial, telefónica y billete físico para evitar la exclusión de personas afectadas por la brecha digital. 

Para sostener estas medidas, las entidades reclaman destinar los ingresos del ETS2 y del Fondo Social para el Clima a la movilidad pública, garantizando además una partida propia en los Presupuestos Generales del Estado. Tras el cierre de las consultas del Plan Social para el Clima, la transposición del ETS2 y la consulta pública de la propia Estrategia, el Ejecutivo afronta una fase clave. Aunque la Ley de Movilidad Sostenible fija como fecha límite finales de 2027 para la aprobación definitiva del documento, los plazos reales son ajustados para sincronizar los fondos climáticos. Las entidades señalan que este margen debe aprovecharse para articular un diseño normativo y presupuestario robusto que evite medidas coyunturales o parches estéticos.

Nota: El Grupo sobre Vulnerabilidades y Pobreza en el Transporte, impulsado y coordinado por ECODES, está integrado por una alianza de entidades sociales, ecologistas y centros de investigación académica entre ellas, actualmente: Basque Centre for Climate Change (BC3), Ecoserveis, Greenpeace, Grupo de investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación del Instituto Torroja del CSIC, Grupo de investigación de Transporte, Infraestructuras y Territorio (tGIS) de la Universidad Complutense de Madrid, Escuela de Ingeniería de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos, Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad Pontificia de Comillas, Plataforma de Infancia, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), y la UNED.

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Encuentro Estatal de Participación ‘Transformar desde la experiencia’

por Galería de fotos

La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), junto a su red territorial EAPN Castilla-La Mancha, celebraron los días 22, 23 y 24 de abril el XIX Encuentro Estatal de Participación en Ciudad Real (IFEDI. Camino Viejo de Alarcos, 30  en Ciudad Real)

El encuentro reunió a más de cien personas con experiencia en pobreza procedentes de todas las regiones del Estado, con el objetivo de fomentar su participación en la esfera pública y en las organizaciones de las que forman parte, generando espacios donde puedan visibilizar y expresar sus problemáticas y propuestas, y trasladarlas a las autoridades responsables. 

El XIX Encuentro Estatal de Participación, bajo el lema ‘Transformar desde la experiencia’, centró su mirada en la vivienda y sus entornos, una de las problemáticas más relevantes y urgentes en el contexto social actual. El acceso a una vivienda digna, adecuada y segura es una condición esencial para la inclusión social, el bienestar y el ejercicio pleno de derechos, y sin embargo sigue siendo una realidad frágil e inalcanzable para muchas personas.

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Campaña ‘Un Plan para el Clima es un plan contra la pobreza: voces desde la experiencia’

por Vídeos

En el marco de la jornada sobre el Plan Social para el Clima organizada el 13 de abril en el Congreso, compartimos el video ‘Un Plan por el Clima es un plan contra la pobreza: voces desde la experiencia’ en el que Mercedes Saiz Hervás, voluntaria de la Fundación Acobe y representante del grupo de participación de EAPN Madrid, pone voz a una realidad que viven millones de personas.

Desde su experiencia, visibiliza cómo la pobreza energética impacta en la vida cotidiana de los hogares más vulnerables y subraya la necesidad de que las políticas públicas, como el Plan Social para el Clima, integren la voz de quienes viven estas realidades.

Porque una transición ecológica solo será justa si cuenta con las personas y no deja a nadie atrás. El Plan Social para el Clima y sus propuestas son una oportunidad real para transformar estas situaciones y mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Evento Plan Social para el clima

EAPN España participa en la jornada sobre el Plan Social para el Clima en el Congreso

por Noticias
Evento Plan Social para el clima

• El Congreso de los Diputados acogió el 13 de abril un espacio de debate sobre el futuro del Plan Social para el Clima, centrado en cómo garantizar una transición ecológica justa que tenga en cuenta a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.
• En la jornada, EAPN España participó aportando la perspectiva de la sociedad civil sobre la necesidad de orientar las políticas climáticas hacia la reducción de las desigualdades sociales.

El lunes 13 de abril, el Congreso de los Diputados acogió el evento ‘Propuestas para un Plan Social para el Clima que ayude eficazmente a los hogares en pobreza energética, usuarios vulnerables del transporte y microempresas vulnerables’, un espacio de diálogo centrado en el impacto social de la transición ecológica y en la necesidad de garantizar una transición justa que no deje a nadie atrás.

En este contexto, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN España), como entidad miembro de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, de la Alianza por la rehabilitación de viviendas sin dejar a nadie atrás y del Grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte, participó activamente en la jornada.

El evento tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión sobre las políticas y medidas que debería incorporar el Plan Social para el Clima para dar respuesta efectiva a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

EL RETO DE UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA

Desde EAPN España se insistió en que el Plan Social para el Clima representa una oportunidad clave para avanzar hacia una transición ecosocial justa, siempre que incorpore de forma central la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y garantice que las políticas climáticas no dejen a nadie atrás.

En este sentido, se subrayó la importancia de avanzar de manera urgente en su aprobación, actualmente en fase de elaboración, para proteger a los hogares vulnerables ante el impacto del aumento del coste de los combustibles fósiles derivado de la descarbonización de sectores como la edificación y el transporte por carretera.

LA IMPORTANCIA DE ORIENTAR LOS FONDOS HACIA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En este marco, Elena Gil Bartolomé, secretaria de la Comisión Permanente de EAPN España, intervino en la mesa redonda ‘¿Cómo garantizar el uso justo y eficiente del dinero del Fondo Social para el Clima?’, junto a Patricia Bezunartea, directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Víctor Marcos, Director General de Planificación y Coordinación Energética del MITECO, Manuel Riera, coordinador técnico del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT, Cristian Quílez, responsable de transporte y movilidad de ECODES y coordinador del grupo de trabajo sobre vulnerabilidad y pobreza en transporte.

En su intervención, Elena, defendió la necesidad de asegurar que los recursos lleguen efectivamente a las personas y hogares en situación de vulnerabilidad. “En primer lugar, y aunque pueda parecer una obviedad, es necesario que peleemos mucho para que efectivamente el dinero de estos fondos se dirija a las personas y familias vulnerables que van a sufrir con mayor gravedad el impacto económico del ETS2”, señaló.

En esta línea, advirtió de que el desvío de estos fondos hacia hogares o empresas no vulnerables supondría no solo un incumplimiento de los objetivos europeos, sino también una pérdida de legitimidad en la transición ecosocial.

Asimismo, recordó que la pobreza energética continúa siendo un problema estructural en España que se ha agravado en los últimos años. Según el Avance de Resultados del XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, en 2025, 7,8 millones de personas no pudieron mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno (15,9 %). Son más aquellas que no pudieron mantenerla fresca en verano, un número que se va aumentando conforme suben las temperaturas año tras año.

Estas dificultades afectan a muchas familias desde hace décadas, pero las crisis energéticas recientes han intensificado el problema, situándolo en la agenda pública y dando lugar a la aprobación de la primera Estrategia contra la Pobreza Energética en 2019.

VIVIENDA Y ACCESO A LAS AYUDAS

Desde la Red se advierte de que la pobreza energética no es solo una cuestión de costes energéticos, sino una vulneración de derechos humanos fundamentales como el derecho a una vivienda digna y adecuada, el derecho a la protección a la salud y a la alimentación.

Aunque España cuenta con instrumentos como el bono social eléctrico, estos no alcanzan de forma efectiva a los hogares en situación de mayor exclusión, se produce el llamado Non take-up. Por ello, desde la Red demandamos que si queremos garantizar un uso justo y eficiente del dinero del Fondo Social para el Clima, incluyamos en el Plan Social para el Clima la ampliación del alcance y la automatización del bono social eléctrico.

Asimismo, los criterios actuales de acceso a las ayudas relativas a rehabilitación de viviendas, que se plantean incluir en el Plan Social para el Clima para la mejora de la eficiencia energética de los hogares vulnerables, dejan fuera a una parte significativa de estos hogares debido a la complejidad administrativa y a la necesidad de adelantar costes, lo que sigue actuando como una importante barrera de acceso a estas ayudas.

En esta línea, a partir del análisis realizado por nuestra Red de los módulos sobre salud, energía y medio ambiente de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística a principios de abril, se constata que cuatro de cada diez hogares con menores ingresos necesitan reformas para mejorar la eficiencia energética de su vivienda, lo que evidencia la magnitud del reto en materia de rehabilitación y acceso a ayudas.

“Los altos precios de la energía han afectado a todos los hogares, pero la diferencia es que para millones de personas esta situación va mucho más allá de una cuestión de ahorro: se trata de una vulneración de derechos. En primer lugar, del derecho a una vivienda digna. No puede haber vivienda digna cuando se pasa frío en ella o calor extremo, con el correspondiente impacto en la salud física y mental”, ha explicado Elena Gil en su intervención.

En este sentido, desde la Red se defiende la necesidad de simplificar los procedimientos, automatizar las ayudas y reforzar la información a nivel local para garantizar que las políticas lleguen realmente a quienes más las necesitan.

POBREZA DE TRANSPORTE Y ACCESO A DERECHOS

Los datos sobre energía y movilidad recogidos en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) permiten analizar también la denominada pobreza de transporte. Esta problemática, recogida en la Ley de Movilidad Sostenible, se refiere a la dificultad o imposibilidad de asumir los costes del transporte público o privado, o al acceso limitado a medios de transporte que permitan acceder a servicios y actividades socioeconómicas esenciales para una buena calidad de vida, teniendo en cuenta el contexto social y territorial.

Según distintos estudios de ECODES y el BC3 (Basque Centre for Climate Change), en España entre 350.000 y 550.000 hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad severa en relación con el transporte, lo que equivale a entre 1,3 y 1,8 millones de personas. Además, alrededor de 2 millones de hogares destinan una parte excesiva de sus ingresos a los costes de movilidad.

Desde EAPN España se señaló que, aunque se han aplicado medidas puntuales como bonificaciones al transporte, estas han sido temporales y aún está pendiente el desarrollo de una estrategia estatal específica. El acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de derechos como el empleo, la educación o los cuidados, por lo que su encarecimiento puede incrementar la exclusión social.

UN INSTRUMENTO CLAVE PARA LA TRANSICIÓN ECOSOCIAL

El Plan Social para el Clima se identifica como una herramienta imprescindible para garantizar una transición ecológica justa, evitando que el aumento de los costes asociados a la descarbonización afecte de forma desproporcionada a los hogares más vulnerables.

En este sentido, desde EAPN España se destacó que su correcta implementación representa una oportunidad para avanzar hacia una transición ecosocial que mejore las condiciones de vida del conjunto de la población, siempre que sitúe la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el centro de las políticas climáticas.

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EAPN-ES celebra la nueva Estrategia contra la Pobreza Energética, un problema que afecta al menos a 7,8 millones de personas en España 

por Noticias

  • El Gobierno ha aprobado este martes la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que incluye medidas como la garantía de suministro a consumidores vulnerables o mejoras en el bono social. 
  • La iniciativa coincide con la conmemoración de la Semana Europea contra la Pobreza Energética. La fecha pone el foco en una problemática que ha alcanzado cifras récord en nuestro país en los últimos años. 
  • En España, 7,8 millones de personas no pueden mantener su hogar a una temperatura apropiada en invierno, cifra que se ha duplicado desde 2019. 

En España, la pobreza energética constituye un problema estructural que ha alcanzado récords de impacto en los últimos años. Según el Avance de Resultados del XVI Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN España, en 2025, 7,8 millones de personas no pudieron mantener su hogar a una temperatura apropiada en invierno (15,9 %). A esta cifra se suman quienes tiene retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua o el gas: 4,5 millones (9,3 %). 

Fuente: Elaborado por EAPN-ES a partir de datos de la ECV y la EPF (INE). 

Estos indicadores de pobreza energética han mostrado una mejora respecto a 2024, pero el incremento de esta problemática ha sido muy preocupante desde el año 2019, antes de la pandemia por COVID-19 y de la crisis energética e inflacionaria derivadas en parte por la guerra de Ucrania.  

Según datos del Avance del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza, desde 2019 se ha duplicado la cifra de personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno: de un 7,6 % ha pasado a ser un 15,9 % (creció un 110 %). Además, las personas con retrasos en el pago de suministros como la luz, el gas o el agua ha aumentado un 40,4 %: pasó de ser un 6,6 % en 2019 a un 9,3 % en 2025.  

En este contexto, y coincidiendo con la conmemoración de la Semana Europea contra la Pobreza Energética, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de ministros de este 17 febrero, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030. Se trata de una iniciativa imprescindible para poner el foco en esta problemática y en cuya elaboración ha intervenido EAPN-ES a través de sus grupos de participación, con aportaciones de personas con experiencia directa en situaciones de pobreza energética.  

La Estrategia incluye trece medidas estructurales basadas en la equidad energética para el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, con el objetivo de consolidar los avances alcanzados por la anterior ENPE 2019-2024, la primera elaborada en España. 

Entre las principales medidas destacan las enfocadas a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, mejorar la tasa de cobertura del bono social, o iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de hogares vulnerables. A su vez, se plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita.  

EAPN-ES celebra la aprobación de la nueva Estrategia, un paso imprescindible dado el impacto de la pobreza energética en nuestro país. En este sentido, Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa señala que “la pobreza energética es parte de la pobreza en las familias”, por lo que apela a “una visión global” para afrontar esta problemática. “El objetivo es garantizar los derechos de las personas y una buena calidad de vida a toda la ciudadanía”, añade Susías, y recuerda la necesidad de “dotar de recursos a la Estrategia para que salga adelante”. 

De cara a los próximos pasos, el presidente de EAPN-ES recuerda algunas de las cuestiones planteadas desde la Red en las consultas públicas previas, como la importancia de “trabajar de forma conjunta con las Comunidades Autónomas” para una implementación real de la Estrategia, o la incorporación de propuestas que se han quedado fuera, entre ellas la mejora de la automatización del bono social. Se trata de una medida estructural clave ―defendida por el personal técnico y personas expertas en pobreza―, para afrontar el llamado non take-up o brecha de cobertura en esta ayuda, que dificulta el acceso al bono de manera efectiva a los hogares más vulnerables. 

La Estrategia incorpora también la creación de un Observatorio de la pobreza energética con el objetivo de “centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia”, según señalan desde el Gobierno, y que abre ahora una consulta pública para detallar contenidos, actividades y entidades colaboradoras. EAPN-ES considera esta propuesta de relevancia, ya que permitirá incorporar la evaluación y aportaciones de las entidades que trabajan en la erradicación de la pobreza energética y los conocimientos de las personas con experiencia en esta problemática. 

ESCUDO SOCIAL TAMBIÉN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 

La aprobación de la Estrategia llega también en pleno debate abierto por el rechazo del Real Decreto-ley ‘ómnibus’ el pasado 27 de enero en el Congreso. Una iniciativa que prorrogaba medidas del llamado Escudo Social. Entre ellas la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, la extensión a todo 2026 de los descuentos del bono social energético y la garantía de suministro de agua, gas natural y energía eléctrica para consumidores/as en situación de vulnerabilidad. 

En este sentido, y frente a la nueva votación del decreto prevista para la próxima semana, desde EAPN-ES apelan a todas las fuerzas parlamentarias a tener “altura de miras” e instan no solo a aprobar este decreto, también a “mejorar y consolidar” las medidas incorporándolas como estructurales en el Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, paralizado actualmente en la Cámara Baja. 

QUÉ ENTENDEMOS POR POBREZA ENERGÉTICA 

Actualmente, el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV) marca cuatro indicadores para medir esta problemática, y se considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si cumple uno de ellos: 

  • Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.  
  • Pobreza energética escondida (HEP): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.  
  • Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.  
  • Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago de facturas de los suministros de la vivienda. 

Cabe señalar, en el marco de la Semana Europea de lucha contra la Pobreza Energética, que esta problemática está también muy presente en otros países de la UE. En 2024, el 9,2 % de la población comunitaria no podía permitirse mantener adecuadamente la temperatura de sus hogares, según Eurostat. Pese a que el porcentaje ha mejorado respecto al año anterior (ha bajado del 10,6 %), la pobreza energética divide en dos realidades muy diferentes a los países de la UE, con una horquilla que va desde tasas muy elevadas -con Bulgaria y Grecia (ambos 19,0%) a la cabeza, seguidos de Lituania (18,0%) -, a otros muy reducidas, respecto a los anteriores: Finlandia (2,7%), Polonia y Eslovenia (ambos 3,3%), que registraron los porcentajes más bajos. 

POBREZA ENERGÉTICA Y CRISIS ECOSOCIAL 

La pobreza en todas sus vertientes, también la energética, está estrechamente relacionada con la crisis ecosocial, y se refuerzan mutuamente, lo que urge a abordar la transición ecológica desde una perspectiva de vulnerabilidad social, que sea implementada de manera justa y equitativa para prevenir y disminuir las tasas de pobreza y de exclusión social. 

Los hogares en situación de pobreza y exclusión social suelen sufrir una mayor ineficiencia energética, debido a un déficit en el aislamiento, problemas de infravivienda e insalubridad, y uso de instalaciones y electrodomésticos poco eficientes. Esto se traduce en un incremento de las personas pobres con dificultades para tener una temperatura adecuada en su vivienda tanto en invierno como en los meses de verano. 

En este contexto, EAPN-ES ha impulsado diferentes iniciativas para promover una transición socialmente justa, integrando propuestas contra las vulnerabilidades sociales dentro de las políticas europeas de descarbonización que nuestro país tiene comprometidas con la UE, a través del proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’.  

Entre ellas, además de la mencionada ENPE 2026–2030, se encuentra la transposición socialmente justa de la Directiva sobre eficiencia energética de los edificios (EPBD) así como el Plan Social para el Clima (PSC), una herramienta normativa prevista para minimizar el impacto que la inclusión de los edificios en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (conocido como ETS2) supondrá en el incremento de los precios del combustible para la calefacción a partir de 2028 y cuya elaboración, sin embargo, se encuentra actualmente retrasada por parte del Gobierno. 

Desde la Red, reiteran que la transición energética y climática debe situar en el centro la igualdad de derechos, la protección social y la dignidad de las personas, evitando que las políticas energéticas o climáticas agraven las desigualdades existentes y asegurando que todos los hogares puedan ejercer plenamente su derecho a la energía, la vivienda y la salud. 

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Nueva guía para impulsar una transición ecosocial justa desde los territorios

por Noticias

La Red pone a disposición la guía ‘Transición ecosocial justa y pobreza: guía para la incidencia territorial’, un recurso práctico pensado para apoyar a Administraciones, entidades sociales y agentes comunitarios en el reto de incorporar la justicia social a las políticas de clima, vivienda, energía y movilidad.

EAPN España presenta la Guía ‘Transición ecosocial justa y pobreza: guía para la incidencia territorial’, un recurso práctico diseñado para apoyar a administraciones públicas, entidades sociales y agentes comunitarios en el reto de integrar la justicia social en las políticas climáticas, de vivienda, energía y movilidad. 

La publicación recoge los aprendizajes de dos años de trabajo en el marco del proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’, así como los principales resultados de los talleres realizados en distintos territorios y los diálogos multiactores entre administraciones, organizaciones sociales y otros agentes clave. El documento ofrece un recorrido claro por el marco normativo europeo y estatal, identifica los factores que facilitan o dificultan la incorporación del enfoque social y propone líneas de acción concretas para adaptar la transición ecosocial a la realidad de cada territorio. 

La guía pone el foco en cómo la transición ecosocial puede y debe convertirse en una oportunidad para reducir desigualdades, mejorar las condiciones de vida y garantizar derechos fundamentales como la energía, la vivienda o la movilidad.  

Desde EAPN España defendemos que la transición ecológica será justa o no será: solo si sitúa en su centro a las personas en situación de pobreza y exclusión social podrá transformar el paisaje social y climático del país. Con esta guía, buscamos contribuir a ese horizonte común, ofreciendo una herramienta útil para quienes trabajan sobre el terreno y acompañan cada día a los hogares más vulnerables. 

La publicación está disponible de forma abierta y gratuita. Puedes descargarla aquí.

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EAPN-ES organiza el Diálogo Multiactor sobre transición ecosocial y acceso a la energía en clave territorial

por Noticias

El encuentro contó con la participación institucional del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), representado por Lucía Blanco, cuya intervención marcó el inicio de una jornada centrada en la justicia social, la equidad territorial y el papel del tercer sector en la transformación energética.

El pasado 13 de noviembre, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) celebró en el Espacio Ecooo (Madrid) el Diálogo Multiactor ‘Transición ecosocial y acceso a la energía en clave territorial’, en el marco del proyecto ‘Cerrando la brecha: fortalecimiento territorial y estatal para una transición ecológica justa’.

El encuentro tuvo como objetivo profundizar en los desafíos y oportunidades que plantea la transición energética desde una perspectiva de equidad territorial y justicia social, poniendo el foco en el acceso a la energía como un derecho que debe ser garantizado y en la necesidad de que las políticas de descarbonización vengan acompañadas con mecanismos sólidos de protección social.

La jornada contó con la participación de representantes de las distintas redes territoriales de EAPN, con el propósito de compartir experiencias y formular propuestas conjuntas desde los distintos territorios que garanticen que nadie quede atrás en el proceso de transición ecosociaL.

En la introducción de la sesión, realizada por José Javier López Macarro, director de EAPN-ES, se destacó la relevancia de incorporar la dimensión social en las políticas energéticas y climáticas, debiendo ponerse el foco en las personas en situación de pobreza y exclusión social.  Posteriormente, el diálogo fue inaugurado por Lucía Blanco, Subdirectora General de Prospectiva y Estadísticas Energéticas del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), quien presentó el marco general de la transición energética y la coordinación multinivel en España.

Blanco destacó los avances en reducción de emisiones y subrayó la importancia del impulso de las energías renovables y la eficiencia energética para conseguir esos resultados. Subrayó, además, la relevancia de programas como el Plan Social para el Clima, que busca mitigar los efectos sociales y económicos del incremento de costes ligado al uso de combustibles fósiles derivado de las políticas climáticas europeas y que se prevé que impacte con más fuerza en los hogares vulnerables. Asimismo, destacó la importancia de asegurar que las políticas de transición generen empleo e impulsen la igualdad de género.

Por último, indicó la necesidad de mejorar los canales de participación pública en todas las políticas y programas, para lo cual destacó las alianzas con el tercer sector. En concreto, hizo referencia a las jornadas donde se ha dado voz tanto a personal técnico de organizaciones sociales como a personas por experiencia en primera persona, como ha ocurrido en el marco del Plan Social para el Clima y la Estrategia Nacional de Pobreza Energética, que indicó intentarán seguir replicando en el futuro.

PANEL CENTRAL: UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL EN CLAVE TERRITORIAL

El panel ‘Políticas sobre el acceso a la energía’, que fue moderado por María Gangutia, técnica de Incidencia Política de EAPN-ES, contó con Alicia Gómez, doctora en Arquitectura e Investigadora del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja – CSIC, quien subrayó la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos actores implicados en la transición y de incorporar la dimensión social en todos los planes y programas.

Asimismo, participó Marina Rodríguez, técnica de Incidencia Política y Diálogo Civil en Plataforma del Tercer Sector, que reivindicó que el tercer sector debe estar presente en todo el ciclo de las políticas públicas, empezando por la fase de diseño, dada su capilaridad y su capacidad para tender puentes y promover la coordinación multinivel.

Por otra parte, aportando la visión del cooperativismo energético, intervino María del Mar Guzmán, representante del Grupo Local Som Energia de Madrid, quien destacó el papel fundamental de la ciudadanía organizada y de las cooperativas energéticas como motor de una transición más social, participativa y eficiente. Subrayó que el reto va más allá de garantizar el acceso a la luz: se trata de construir un modelo energético verdaderamente transformador y justo.

Por último, Jonathan Sánchez, Coordinador de EAPN Castilla y León, advirtió sobre la necesidad de contar con datos a nivel autonómico para poder aplicar políticas efectivas. Subrayó que, si una parte de la población queda fuera de la transición ecológica, se amplían las desigualdades y se generan espacios para la desinformación y los discursos polarizadores.

WORLD CAFÉ: ENERGÍA, JUSTICIA SOCIAL Y TERRITORIO

La jornada concluyó con un espacio colaborativo en formato World Café, donde las personas participantes, representantes de las distintas redes territoriales de EAPN, debatieron sobre los mecanismos de gobernanza y coordinación multinivel necesarios para adaptar las políticas de transición energética y descarbonización a las realidades sociales y territoriales de cada comunidad.

Durante este espacio se compartieron propuestas sobre cómo fortalecer la participación ciudadana y el papel del tercer sector en la transición ecosocial, garantizando que el proceso sea inclusivo, equitativo y territorialmente equilibrado.

En este marco, desde EAPN-ES señalamos también la importancia de que los instrumentos clave de apoyo social avancen con el ritmo necesario, pues la anticipación en las ayudas fue uno de los elementos clave más citados durante la jornada. Por ello, expresamos nuestra preocupación por el retraso en la elaboración del Plan Social para el Clima, fundamental para proteger a los hogares más vulnerables ante el incremento de costes ligado al nuevo sistema europeo de precios del carbono en transporte y calefacción. Consideramos prioritario que este instrumento avance sin más demoras para asegurar respuestas eficaces y a tiempo.

El Diálogo Multiactor forma parte del ciclo de encuentros promovidos por EAPN-ES para fortalecer la participación del tercer sector y de la sociedad civil en la construcción de una transición ecosocial más democrática, justa y sostenible.

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Taller semipresencial: ‘Herramientas de incidencia para una transición ecosocial que incorpore la lucha contra la pobreza’

por Pobreza Energética

En el contexto actual de crisis ecosocial y creciente desigualdad social, la urgencia de abordar la transición ecológica desde una perspectiva justa y equitativa se ha vuelto cada vez más evidente. Las políticas públicas que nos encaminen hacia un modelo más sostenible deben, sin duda, proteger el medio ambiente, pero también a las comunidades más vulnerables, por lo que debe ser implementadas de manera justa y equitativa.

La transición hacia una economía baja en carbono es fundamental para abordar la crisis climática global. Sin embargo, puede tener un impacto en las personas que se encuentran en situación de pobreza y/o exclusión social -el 26’5 % de la población, según el XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza en España’ de Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES)-, especialmente en el ámbito del transporte y de la eficiencia energética en edificios.

En este sentido, EAPN-ES está desarrollando el Proyecto ‘Cerrando la brecha: acción climática y equidad social’, que tiene como objetivo promover una transición socialmente justa, integrando propuestas sociales en las políticas climáticas para abordar la pobreza y exclusión.

Entre las acciones incluidas en el proyecto, la Red ha organizado el 29 de noviembre de 2024, en el espacio Ecooo de Madrid (calle de la Escuadra, 11), el Taller semipresencial ‘Herramientas de incidencia para una transición ecológica que incorpore la lucha contra la pobreza’.

La jornada ha brindado un espacio de capacitación, sensibilización y debate en torno al contexto de crisis ecosocial y a las narrativas y herramientas de incidencia necesarias para implementar propuestas de transición justa desde el Tercer Sector de Acción Social. A su vez, con este taller se buscaba incentivar el interés del personal técnico y voluntario de redes y entidades de EAPN-ES en los vínculos entre crisis ecosocial y pobreza, que permita fijar una posición común y definir el trabajo de incidencia política sobre la transición ecológica y sus implicaciones sociales a diferentes niveles competenciales.

El taller ha contado con la introducción de Ruth Caravantes Vidriales, responsable de Incidencia de EAPN-ES y ha sido impartido por Alberto Brasero Iniesta de la Cooperativa Garúa.

Taller semipresencial: "Herramientas de incidencia para una transición ecosocial que incorpore la lucha contra la pobreza"